Siete vocales del CGPJ concluyen que el sucesor de Delgado no es idóneo como fiscal general del Estado

Siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideran que el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García, no es idóneo para el cargo. Los magistrados han cuestionado que reúna el requisito de apariencia de la imparcialidad necesaria por su afinidad al PSOE. Los otros doce vocales han votado a favor del sucesor de Dolores Delgado.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha pronunciado en su Pleno de este jueves sobre la propuesta de nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, en sustitución de Dolores Delgado, como parte del proceso para ratificar su designación en el cargo. Según indicó el CGPJ en un comunicado, «el órgano de gobierno de los jueces cumplirá así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.1.4ª y 599.1.2ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial».

Con este trámite de audiencia se ha iniciado el proceso para que dicho nombramiento se haga efectivo, un proceso que continuará con la comparecencia de García Ortiz en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. La Comisión de Justicia trabaja con la previsión de reunirse la próxima semana con carácter extraordinario para examinar la idoneidad de la candidatura de García Ortiz a la Fiscalía General del Estado.

Una vez superados todos estos trámites, el Consejo de Ministros podrá nombrar a García Ortiz como nuevo fiscal general. El elegido jurará y prometerá su cargo ante el Rey y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo. De esta forma se cumplirá el iter legal, ya que el ordenamiento jurídico establece que el fiscal general del Estado es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

No es idóneo

Álvaro García Ortiz (Salamanca, 1967), durante estos años número dos de Dolores Delgado, acaba de ser nombrado nuevo fiscal general del Estado. Y como en el caso de su predecesora, su afinidad con el PSOE es pública. La imagen que acompaña esta información es buena prueba: García Ortiz participando en un acto previo a la campaña electoral de los últimos comicios autonómicos en Galicia. El hoy fiscal general del Estado aceptó la invitación del entonces líder del PSOE gallego, Gonzalo Caballero, para colaborar en el laboratorio de ideas socialista que tenía como objetivo crear «una Galicia sostenible».

🖇 Abordando unha #Galicia sostible

👉🏻Xosé Carlos Arias, catedrático de Política Económica
👉🏻Isabel Pardo de Vera, presidenta do ADIF
👉🏻Noelia Otero, coordinadora do #IdeaGaliciaLab
👉🏻Álvaro García Ortiz, Unión Progresista de Fiscais
👉🏻Emilio Fernández, catedrático de Ecoloxía pic.twitter.com/aw9tIt5HVg

— PSdeG (@PSdeG) December 14, 2019

En esta comunidad autónoma ha desarrollado García Ortiz la mayor parte de sus 18 años de carrera profesional. En Galicia fue fiscal delegado de Medio Ambiente y participó en el juicio del caso Prestige, un proceso que comenzó en 2003 tras el hundimiento del petrolero con 77.000 toneladas de fuel frente a las costas gallegas el 13 de noviembre de 2002 y que 16 años después tuvo su respuesta definitiva en el Supremo.

También ha dirigido investigaciones sobre incendios y fue quien realizó el informe elaborado sobre las posibles causas delictivas de los incendios forestales de octubre de 2017, después de que el entonces presidente de la Xunta y ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hablase de una actividad «delictiva homicida» y llegase a plantear el delito incendiario como «terrorista». García Ortiz fue tajante al respecto tras el análisis de la Fiscalía y aseguró que no tenían «evidencias de la existencia de ninguna trama» incendiaria.

Durante varios años, Álvaro García Ortiz fue también miembro del Consejo Fiscal, órgano asesor de la Fiscalía, por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación que presidió y a la que también pertenecía Dolores Delgado hasta que ocupó la cartera de ministra de Justicia, antes que la de fiscal general.